Todos los colectivos afectados ven venir ya el colapso judicial, como bien íbamos narrando en las ediciones digitales; fuimos adelantándonos a los problemas graves que nos íbamos a encontrar una vez finalizado el confinamiento.
Pasar a tres turnos
Debemos de empezar a mirar el sistema judicial de Estados Unidos, un sistema más ágil, con más acuerdos extrajudiciales del mundo, un 91%, pero sobre todo con tres turnos, frente a uno en España.
Es el momento de multiplicar por tres un mismo espacio, con turnos que permitan desatascar los juzgados ante el gran tsunami que nos viene.
Acumulación
El Real Decreto-ley 11/2020 urge, en su disposición adicional 19ª, la aprobación de un Plan de Actuación para agilizar la actividad de los Juzgados de lo Social, de lo Contencioso-administrativo y de lo Mercantil tras la superación de la crisis sanitaria.
El Ministerio de Justicia anunciaba el denominado ‘Plan Justicia 2030’, pero es obvio que un plan a 10 años es demasiado tarde para el 2020, y aunque plantea los mecanismos de resolución de conflictos alternativos, ojalá tengan un carácter jurisdiccional y resolutivo.
La realidad es que no se han celebrado juicios y sólo han prestado servicios esenciales: los juzgados han estado con funciones de guardia y sólo ha hecho inscripciones en el Registro Civil. Pero sólo se han registrado los nacimientos; ni se han inscrito todas las defunciones. En los juzgados se tomaban las declaraciones a los detenidos y se decidían sus medidas cautelares, y poco más.
El Arbitraje y la Mediación deberían ser las soluciones más efectivas para rebajar la tensión judicial
La solución más rápida
El Arbitraje y la Mediación deberían ser las soluciones más efectivas para rebajar la tensión judicial que va a venir tras el confinamiento, e intentar dar un carácter resolutivo a este tipo de resolución conflictos. Puede ser la mejor opción ante el colapso que se avecina en la administración de justicia española por el Covid-19.
Tanto el Arbitraje, como la Mediación, deberían de tener un punto de vista jurisdiccional, con un marco legal moderno y buenos profesionales especializados, lo que supondría un ahorro de costes para el Estado, así como para los ciudadanos.
Las salas se van a enfrentar a las resoluciones de los recursos que se presentaran contra las multas ilegales del confinamiento
Posibles colapsos
Las salas Contenciosas-Administrativas se van a enfrentar a las resoluciones de los recursos que se presentaran contra las multas ilegales del confinamiento. Así como los concursos, contratas públicas y adjudicaciones paralizadas…
Las salas de lo Social con los despidos, que según la Ministra son considerados nulos, pero estos tendrán que ser reclamados en los juzgados, así como se tendrán que revisar los ERTE fraudulentos, entendiendo estos en los que los trabajadores han seguido trabajando las ocho horas diarias pero endosando una parte de nómina al Estado.
Nos queda la duda si los Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC) funcionaran o no, o si se irá sin papeleta de conciliación al no poder cumplir las resoluciones con los plazos del Estatuto de los Trabajadores, yendo directamente a los juzgados y generando una nueva paralización de los mismos al no poder asumir éstos las cantidades de demandas que van a recibir.
Los juzgados de lo Mercantil tendrán que asumir los cierres, los concursos y una avalancha de casos relacionados con las empresas que puedan presentar cientos de miles de concursos de acreedores.
Las saturaciones se van a producir en concursos de acreedores, despidos, deudas, procedimientos de Seguridad Social…
Medidas no aceptables
En resumen, las saturaciones se van a producir en: concursos de acreedores, despidos colectivos e individuales, deudas, procedimientos de Seguridad Social, reclamación de las sanciones del confinamiento, ejecuciones de sentencia en familia…
Todos los colectivos implicados se han puesto en marcha: abogados, graduados sociales y procuradores cuestionan el Plan contra el atasco judicial por el coronavirus ante la falta de medios. El Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Alicante (ICALI) rechaza las medidas aprobadas al ser “ineficaces, confusas e irrealizables” si no hay inversiones, ni ampliación de salas y juzgados.
Abogados
Auxiliadora Borja, decana del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV) cuenta que “se avecina un colapso importante en los tribunales en asuntos de todo tipo: tanto en lo social, por despidos y ERTEs; como en familia por divorcios, ejecuciones de sentencia o rebajas de pensiones; como en mercantil por impagos, o en hipotecario por casos de insolvencia”.
“Pienso que la mediación y el arbitraje pueden ser la mejor solución para resolver más rápidamente esos conflictos sin recurrir a los jueces. Pero es necesario que los usuarios de la Justicia las conozcan para que recurran a ellas, el Gobierno valenciano debería fomentar todo lo posible la mediación y el arbitraje. La primera es fundamental en familia, pero también frente a problemas de hipotecas y alquileres. Y en eso tenemos mucha experiencia en nuestro Centro de Mediación”, concluía.
Graduados sociales
Los graduados sociales plantean más justicia gratuita e ingresar en el turno de oficio para aliviar el colapso judicial, Apol·lònia Julià, presidenta del Colegio de Graduados Sociales de Baleares, “considera que la incorporación de estos profesionales al sistema de asistencia jurídica gratuita aliviará el colapso judicial que se avecina”.
Apol·lònia Julià manifiesta su preocupación “por la demora que esta situación de colapso futuro de los Juzgados podrá acarrear a miles de ciudadanos que, ante situaciones de impugnación de altas médicas, incapacidades permanentes o reclamaciones de cantidad, expedientes que en estos momentos pueden demorarse meses, pasarán a convertirse en demoras de años y años, por tanto, se creen situaciones de verdadera necesidad e injusticia social”.
Vía telemática
Tal cómo anunciamos en la edición digital, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) presentó un plan de choque con 108 medidas con el objetivo de paliar los efectos que provocará la emergencia sanitaria, pero, de momento, está en estudio. Las asociaciones judiciales aseguran que se vulneran los derechos fundamentales.
El CGPJ puso en marcha que abogados, graduados sociales y procuradores puedan presentar escritos por vía telemática lex net en los juzgados. Denuncias o demandas que los jueces no solo no están resolviendo, sino que se niegan a aceptar los escritos, porque dicen que los plazos están paralizados.
El gobierno valenciano a través de la consellera, Gabriela Bravo, afirma que “hemos de apostar por el uso de las nuevas tecnologías”. Presentó el proyecto WEBEX (juicios a través de videoconferencias).
